AFP - La Fiscalía chilena investigará lo ocurrido en los servicios de información de emergencias y catástrofes, que fallaron en alertar a la población por el tsunami que se produjo tras el sismo del pasado 27 de febrero.Así informó este martes el fiscal nacional, Sabas Chahuán, en declaraciones a la privada radio chilena ADN, en un nuevo episodio de una polémica instalada desde el día de la tragedia y que ya provocó la salida del director del Servicio Oceanográfico de la Armada (SHOA), Edmundo González, y de la directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Chile, Carmen Fernández."Que no se hayan dado las alertas de la manera en que estaba estipulado merece ser investigado. Puede que no haya responsabilidad penal, un delito; sí tal vez una negligencia que sólo por excepción es punible", dijo Chahuán. "Estoy considerando abrir una investigación de oficio, aunque eventualmente no haya responsabilidad", agregó el fiscal.Tanto en el SHOA como en la Onemi hubo aceptación de responsabilidades por haber descartado rápidamente una alerta de tsunami, lo que hubiera podido salvar vidas. La alerta se dio originalmente poco después del sismo de magnitud 8,8 pero una hora más tarde fue descartada.Fernández renunció a su cargo un día antes del cambio de mando presidencial, la semana pasada, tras reconocer errores en la reacción frente al sismo y al tsunami que azotaron el país.La ex directora de la Onemi reconoció que el organismo se vio sobrepasado por la doble catástrofe, y en las primeras horas tras el sismo "nosotros estuvimos ciegos y mudos. Tuvimos un fallo de comunicaciones y eso lo reconozco", señaló Fernández pocos días antes de renunciar. "La realidad es que hubo una información de tal nivel de imprecisión y ambigüedad que a nadie le permitió tomar una decisión", insistió por su lado Fernández.Poco antes de su salida el entonces jefe del SHOA, Edmundo González, dijo que la presidenta Michelle Bachelet "llamó al SHOA como a las 05H15 locales (casi dos horas después del terremoto), para ver si mantenía la alerta que habíamos dado hace aproximadamente una hora y diez minutos atrás". "Fuimos poco claros en la información que le entregamos, no fuimos lo suficientemente precisos para decir a la presidenta se mantiene o se cancela. Hubo titubeo por parte nuestra", reconoció.El fiscal Chahuán precisó que en principio no tenía previsto iniciar una investigación, porque "las versiones contradictorias se anulaban, pero es un tema que debe despejarse y la fiscalía tiene que investigar".La catástrofe dejó unos 800 muertos o desaparecidos y 2 millones de damnificados. También causó daños en 1,5 millón de viviendas e infraestructura vial, pérdidas estimadas en 30.000 millones de dólares, según un cálculo del presidente de Chile, Sebastián Piñera.