La agencia de calificación Moody's ha mantenido para la Caja Rural de Granada el mismo rating que en 2007, antes de la llegada de la crisis económica, lo que da la posibilidad a la entidad financiera de afrontar con éxito el proceso para su integración en un Sistema Integrado de Protección (SIP) con las Cajas Rurales del grupo creado en torno a la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), que se verá culminado después del verano, según ha informado en rueda de prensa su presidente, Antonio León.

La entidad financiera granadina es, junto con Caja Asturias, la única de las que analiza Moody's que ha conseguido mantener la calificación desde 2007, aspecto que ha destacado su director general Dimas Rodríguez, quién aseguró que la caja tiene "el mejor rating que podría tener, situado en el nivel de otras entidades de mucho mayor tamaño".

Los niveles obtenidos por la entidad granadina son: A3 para su deuda y depósitos a largo plazo, P2 para el corto plazo y C- para su fortaleza financiera. Estos niveles de rating constituyen un "magnífico reconocimiento" a la gestión y situación de Caja Rural de Granada, ya que han estado sustentados, principalmente, en su "excelente grado de capitalización y solvencia, en su elevada cuota de mercado y base de depósitos, en su fuerte reconocimiento de marca, en su prudente gestión de la liquidez y en la ausencia de riesgo de mercado", fortalezas que han permitido superar con éxito los escenarios de severidad a los que Moody's somete a las entidades que califica.

La confirmación de este rating tiene aún mayor importancia, según destacaron los responsables de la caja, si se analiza la evolución que ha tenido la calificación crediticia a largo plazo de un numeroso grupo de entidades, todas calificadas por Moody's, desde el comienzo de la crisis. "No cabe duda de que el mantenimiento de la calificación está solo al alcance de unos pocos", declaró el presidente de la entidad, que responsabilizó de este éxito a todo el personal de la caja.

Así, la continuidad en el éxito de la gestión y, por tanto, el mantenimiento de la calificación crediticia otorgada exigen, según León, la imposición y consecución para los próximos ejercicios de una serie de retos, que se concretan en la mejora de la eficiencia y de los resultados recurrentes, en la gestión adecuada del riesgo --en un contexto de elevada morosidad y bajos tipos de interés-- y en la continuidad de los parámetros de solvencia y liquidez.

Otro desafío, que ya está en marcha, es la creación de un SIP, conjuntamente con las Cajas Rurales del AECR, proyecto en el que se ha trabajado a lo largo de los dos últimos años y que se verá culminado después del verano. La configuración de este SIP ha tenido en consideración, entre otros aspectos, la organización y estructura de los sistemas cooperativos europeos, que cuentan con un mayor grado de experiencia y conocimiento sobre este tema.

Esta nueva estructura del grupo, mantuvo el presidente, estará dispuesta para poder colaborar en la salida de la crisis en el próximo ejercicio 2011, "confiando en que todas las medidas puestas en marcha, tanto por organismos públicos como por las empresas, tengan un positivo reflejo en la economía real y en el inicio de un nuevo periodo de crecimiento económico".