Torres Vela, que calificó los hechos como "muy graves, afirmó en rueda de prensa, que "más allá de las explicaciones jurídicas" hay que hacer una "valoración política" del decreto, ya que, tras su lectura, "surge la pregunta sobre si la gestión del urbanismo está más orientado hacia los intereses particulares o privados que al interés general" y, por eso, según dijo, "el alcalde tiene que dar la cara".

   El portavoz dijo que además "llueve sobre mojado", ya que "están imputados miembros de la cúpula local por los presuntos delitos de acoso y falsedad y está pendiente dilucidar el asunto de las subvenciones al Granada C.F.", ya que, según recordó, la Fiscalía no descarta que el Consistorio haya concedido partidas ilegales al club y ha admitido a trámite la denuncia presentada en noviembre por el presidente del Granada 74, Carlos Marsá, contra el primer edil y el concejal de Deportes, Juan Casas.

   Así, instó a Torres Hurtado a contestar la pregunta "¿en manos de quién estamos? ¿Nos gobiernan los representantes que los ciudadanos han elegido o los intereses privados de la ciudad?, ya que, a su entender, ésta "no es sólo una manera de gobernar improvisada, ni poco rigurosa, es más serio, ya que está empezando a ser difícil dilucidar si el gobierno de esta ciudad se rige por la defensa del interés público".

   Asimismo, le exigió al alcalde que "no despeje balones fuera, ni busque enemigos externos" ya que los asuntos que están siendo investigados "se produjeron bajo su mandato". Además, según afirmó, el Ayuntamiento tiene pleitos con demandas patrimoniales a la ciudad "superiores a los 40 millones de euros", y eso es, según dijo, "por su manera de gobernar".

   A su juicio, el primer edil tiene que decir si los hechos son ciertos o no y, si lo son, "qué medidas va a adoptar para defender los intereses públicos" y "si hubo o no trato de favor" al promotor inmobiliario, ya que "en toda la vorágine previa a la campaña electoral se produce un viaje del alcalde con José Julián Romero" a Japón del que "se deberían dar explicaciones".

   Según consta en el decreto, el gerente de Urbanismo, "de manera reiterada, no sólo no se abstuvo en expedientes urbanísticos de gran importancia y relativos al promotor con el que sostenía una íntima relación de amistad, sino que informó en los mismos favorablemente a sus pretensiones y en circunstancias --en algunos casos-- que pugnaban con lo pactado previamente y con la propia legalidad urbanística", después del viaje a Japón, pagado en primera instancia por el promotor y considerado por el fiscal más que un "simple regalo de cortesía".