El alcalde de Maracena (Granada), Noel López, desmintió hoy "rotundamente" la denuncia del PP sobre la construcción de una vivienda en el municipio que podría no contar con licencia de obras y afirmó que esta formación "miente a la ciudadanía, denigra las actuaciones municipales y frivoliza con las acusaciones de ilegalidades urbanísticas sólo para priorizar sus intereses particulares y mancillar el trabajo de los alcaldes y concejales de la provincia". En un comunicado, el regidor socialista aseguró que "no hay ninguna actuación irregular ni que favorezca a ningún cargo del PSOE en la localidad", para lo que señaló como dato "más evidente" que la licencia de obras fue solicitada en 2005 y concedida por silencio administrativo posteriormente. Una razón por la que "no tengo nada que ocultar y que evidencia el escaso rigor informativo del PP", apuntó López. "El inicio de la concesión de esta licencia fue responsabilidad del PP", según manifestó, al tiempo que añadió que el PSOE trabaja para "solucionar" todos los problemas que "generó al municipio la anterior corporación 'popular', una cuestión que la ciudadanía conoce y por la que decidió en las elecciones municipales situar a este partido en la oposición". Además, indicó que el Ayuntamiento de Maracena ha abierto el correspondiente expediente urbanístico para ello "habida cuenta de que el volumen de obra es menor que el contemplado en el proyecto que habían presentado".Para López, esta denuncia, interpuesta por el representante del PP en el Ayuntamiento de Maracena, Juan Antonio Vaquero, "obedece a la mala fe" del PP y responde a su "incapacidad para hacer una oposición limpia ante el evidente progreso del municipio y de todos los proyectos que se están desarrollando". La Fiscalía de Granada investiga los hechos denunciados por el PP sobre la construcción de una vivienda "al parecer sin la preceptiva licencia municipal de obras, por parte de una candidata del PSOE en las pasadas elecciones, sin que se aporte por parte del Ayuntamiento la información requerida al grupo 'popular". Los hechos expuestos pudieran entrañar alguna responsabilidad con trascendencia penal, cuando menos y a salvo de todas las comprobaciones oportunas, como "un delito contra la ordenación del territorio de los artículos 319 y 320 del Código Penal y un delito contra las garantías constitucionales del artículo 542 del mismo texto", según el decreto de la Sección de Medio Ambiente.
