El Ayuntamiento de Granada considera que la Junta de Andalucía pretende paralizar las obras que se realizan en la barriada de Santa Adela, donde se rehabilita la infravivienda de la zona, al haber solicitado a la Sala de lo Contencioso del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) la impugnación del acuerdo plenario que contempla la existencia de aparcamientos privados bajo superficie pública, según avanza hoy el diario 'Ideal'. El argumento fue rebatido hoy por el delegado de Obras Públicas en funciones de la Junta de Andalucía en Granada, Francisco Cuenca, que acudió hoy al Ayuntamiento para firmar un convenio para la rehabilitación de 200 viviendas en la capital. El delegado quiso, en primer lugar, tranquilizar a los vecinos de Santa Adela y aclaró que la solicitud de impugnación no va dirigida a la paralización de viviendas ni a los espacios públicos "y sí a velar por el uso público del subsuelo".
"Entendemos que hay una zona, donde está previsto un parque y unas zonas libres, donde se va a desarrollar un aparcamiento subterráneo con uso privativo y eso no ha lugar, porque la ley dice que el suelo bajo suelo público ha de ser de uso público", mantuvo Cuenca en declaraciones a los periodistas. Según incidió, la obligación de la Junta es "velar por el estricto cumplimiento de la normativa" y no se trata éste de un "empecinamiento" de la Administración Autonómica, sino que se solicita al juez que se revise un acuerdo de pleno, ya que la innovación del plan parcial "no se ajusta a los parámetros establecidos por la ley".
Cuenca mantuvo que en dicho acuerdo no se especificó el número de plazas del aparcamiento en cuestión ni a quién irían dirigidas, sin delimitar además el uso público de las mismas , por lo que insistió en que el subsuelo bajo terrenos públicos "no puede ser objeto de rentabilidad y no se le puede sacar aprovechamiento para unos pocos y particulares". Al respecto, la delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, que negaba con la cabeza a cada una de las declaraciones del delegado, explicó que los aparcamientos son para cada uno de los vecinos de Santa Adela, ya que en cada acta de avenencia firmada se les adjudica, además de un piso, una plaza de aparcamiento.
Añadió asimismo que el objeto de la impugnación es "claro", ya que pide, según mantuvo, "expresamente la paralización de las obras", de manera que, si el juez lo ordenara, afectaría no sólo al subsuelo sino a todo el proyecto. Nieto sostuvo además que el expediente se ha hecho "al amparo de la legislación nueva, la Ley de suelo de 2007, que en uno de sus artículos establece la posibilidad de separar el uso privativo del subsuelo y el uso público de la superficie", por lo que, "siendo una ley que ha redactado el PSOE", pidió que los servicios jurídicos de la Junta lo estudiaran y retirasen la demanda.
También hubo declaraciones al respecto de los grupos de oposición en el Ayuntamiento. El portavoz municipal socialista, Javier Torres Vela, que reiteró que el problema del Ayuntamiento no es con la Junta, sino con la ley", pidió "sosiego" al equipo de gobierno y recordó que "la normativa no la puede infringir ningún proyecto". Por su parte, la portavoz municipal de IU, Lola Ruiz, recalcó que "lo que no se puede hacer es jugar con las ilusiones y esperanzas de las personas a costa de infringir una normativa". Según recoge el 'Ideal', la Junta resalta la irregularidad del acuerdo plenario de 21 de diciembre de 2007, al contemplar la existencia de aparcamientos privados bajo la superficie de una futura plaza pública y al no contar con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que debe informar sobre las modificaciones de zonificación o uso que se le dé a espacios públicos.
