El PP defenderá el miércoles ante el primer Pleno del Parlamento ordinario de la nueva Legislatura una proposición no de Ley en la que insta a la Junta a que ponga en marcha, con carácter urgente y en colaboración con el Gobierno central, el Plan de seguridad personal para mujeres maltratadas que se contempla en la Ley andaluza contra la violencia de género, con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para garantizar la seguridad y protección de las víctimas. En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP también reclama a la Junta que inicie los trámites oportunos con otras administraciones de manera que en este plan cooperen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, la Policía Autonómica e incluso la seguridad privada, si fuera preciso. Sobre este último punto, el grupo popular demanda a la administración autonómica que habilite los créditos presupuestarios necesarios para que las víctimas de violencia de género puedan ser protegidas a través de la seguridad privada. Otra petición del PP a la Junta es que exija al Gobierno de la nación que, antes de que finalice el presente año, en todos los partidos judiciales de Andalucía haya un juzgado específico de violencia de género, dotado con personal especializado. En su iniciativa, el PP admite que actualmente se están llevando a cabo medidas para intentar paliar los casos de violencia de género, si bien, a su juicio, es una "evidencia que tales medidas no son ni suficientes ni eficaces para erradicar las agresiones y los asesinatos, especialmente las relativas a la seguridad, dado el número tan elevado de mujeres que han perdido la vida en la comunidad por motivos de violencia de género". Ante estos hechos, según los populares, resulta conveniente realizar un "balance realista de la situación", de manera que Gobierno central y Junta de Andalucía deben de abandonar la "autocomplacencia y admitir que no se han puesto en marcha medios suficientes para proteger a las víctimas, ya que muchas de las medidas previstas todavía no se han implantado completamente, mientras que no se están dedicando recursos económicos, materiales y humanos suficientes para combatir la violencia de género ni se está priorizando la prevención". Para el PP, la violencia de género tiene solución y, "sin menoscabo del conjunto de medidas de todo orden susceptibles de ponerse en marcha para erradicar la violencia de género, las relativas a la protección y seguridad de las mujeres deben ser prioritarias". "La libertad es el valor supremo de la Constitución y los poderes públicos están obligados a preservarla y defenderla", indica el grupo popular. Asimismo, mostró su preocupación por el hecho de que los juzgados específicos para casos de violencia de género en Andalucía se encuentren "colapsados" porque sólo se ha puesto en marcha el "diez por ciento del total de los 85 juzgados de violencia que la Ley integral contra la violencia de género determina que deben funcionar en la comunidad autónoma". Añadió que la red de centros de emergencia, casas de acogida, pisos tutelados y demás recursos con que cuenta Andalucía en la actualidad "resultan insatisfactorios para la efectiva atención a la mujer maltratada".
