Fuentes del caso confirmaron a Europa Press que también tendrá que comparecer hoy José Antonio Moreno, intendente de la Policía Local, mientras que el antiguo inspector de la Policía Local y portavoz, Jacinto Lucas, y el intendente del mismo cuerpo, Manuel Donaire, tendrán que hacerlo a finales de mes, tras aplazarse la citación inicial que era para el pasado 28 de abril.

   Todos ellos, anteriores responsables de la Policía Local de Granada durante el gobierno municipal de mayoría socialista, denunciaron el relevo o cese "fulminante" de sus cargos por el gobierno de José Torres Hurtado (PP) a su llegada al Consistorio en el anterior mandato.

   Los denunciados --el que fuera jefe de la Policía Local, Antonio Bezares, recientemente fallecido; Luis Viciana, que asumió el cargo de éste tras su muerte, y el intendente mayor Mariano Valbuena-- negaron en sus declaraciones ante el juez en noviembre y diciembre del pasado año haber acosado, ninguneado o perjudicado a los anteriores mandos.

   Los acontecimientos objeto de denuncia --ceses, aperturas de expedientes, reubicaciones, posibles amenazas, etc.-- constituyen "conductas de hostigamiento" que persiguen crear en sus destinatarios "situaciones que contempla la norma penal", según el decreto del fiscal, pese a que no regula el Código Penal de forma autónoma el acoso laboral o 'mobbing', que se entiende como una forma de trato degradante contemplada en el artículo 173.1 de Código Penal.

   La numerosa apertura de expedientes de investigación y disciplinarios, con incidencias en su forma de tramitación y resolución y la "marginación" a la que han estado sometidos en las sucesivas reorganizaciones policiales los denunciantes, en situaciones de "descrédito" incluso ante sus subordinados, configuran, según el decreto, "objetivamente" una situación de acoso.

   Entiende el Ministerio Público que las conductas denunciadas suponen una "grave injerencia" en el ámbito de la integridad moral, de la que, aún cuando no lo exija la norma penal, es buena prueba los padecimientos psicológicos que sufren algunas de las presuntas víctimas.

   Respecto a la participación del alcalde de la capital entonces y ahora, José Torres Hurtado, quien, según los denunciantes, podría haber "permitido" o "auspiciado" dichas conductas al ser el jefe máximo de la Policía Local, el fiscal indica que el Derecho Penal "no puede basarse en sospechas" o "presunciones derivadas" de las responsabilidades de un cargo, sino que necesita "indicios relevantes" de su participación en los hechos bien como promotor o consentidor.

   Por ello los excluyó de la denuncia igual que al que fuera concejal de Seguridad Ciudadana en el Consistorio granadino en el anterior mandato, José Antonio Balderas.